Saturday, June 22, 2024

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¿Por qué el INAI sancionará al CIDE? Los abusos y destrucción de información

Tras una larga batalla de la comunidad del CIDE, en septiembre y octubre de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió por unanimidad que las autoridades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) violaron nuestro derecho humano a la información al actuar con negligencia ante solicitudes de información y destruir datos y documentos que estaban en su posesión, a pesar de que se la habían solicitado. Como consecuencia, el INAI ordenó comenzar el proceso de sanción contra los responsables, además de enviar el expediente a la Secretaría de la Función Pública. El monto total de las sanciones podría superar el millón de pesos.

A pesar de la respuesta negligente frente a las solicitudes de información que interpusimos, varios integrantes de la comunidad del CIDE pudimos documentar la destrucción de los documentos que querían evitar entregarnos. También logramos recuperar una parte de ellos para evidenciar que las autoridades de la institución, encabezada por José Romero Tellaeche, participaron en probables actos ilegales y de uso irregular de recursos públicos.

Abuso de poder y mal uso de los recursos públicos: la administración de José Romero Tellaeche en el CIDE

Hace un año, con apoyo de Proceso y El Universal, documentamos que la administración de José Romero Tellaeche había cambiado el régimen fiscal del CIDE. En síntesis, el centro público pasó de ser una entidad paraestatal no lucrativa a una empresa productiva con fines de lucro, lo que indebidamente generó una deuda retroactiva de casi 27 millones de pesos por la presunta falta de pago de impuestos desde 2012. Se trató de una suerte de privatización fiscal.

También hay múltiples denuncias internas contra Romero y sus colaboradores cercanos, no sólo por incumplir con la ley, sino por darse una vida de lujos con recursos públicos. Por ejemplo, es públicamente conocido que el actual titular del CIDE tenía meseros para servir vinos y cortes en la sala de usos múltiples de la Dirección General. En su momento, algunos colegas lo publicaron en la cuenta estudiantil de @plumaverdeORG.

A diferencia de la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, nosotros sabemos que la información “de dominio público” no es evidencia para sustentar acusaciones serias de corrupción. Por ello, pasamos casi dos años recabando recibos, facturas, contratos, documentos y correos para probar diversas denuncias internas en contra de la administración de Romero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De esta forma encontramos que Romero Tellaeche extrajo recursos del fondo presupuestal del CIDE para pagar viáticos y peajes; haciendo pasar gastos personales como gastos de trabajo. Por ejemplo, en julio de 2022, en periodo vacacional, invitó a una decena de sus colaboradores a comer en un restaurante aledaño a la avenida presidente Masaryk en Polanco —una de las zonas más caras de la Ciudad de México—, gastando miles de pesos y pagando la cuenta con recursos públicos de dicho fondo. También, en ese mismo mes, pagó otros miles de pesos para sus casetas de viaje. Estas erogaciones se hicieron violando la Ley de Austeridad.

Las irregularidades indican la probable participación del entonces coordinador de administración, Adolfo Fernández Ruiz, cuya área fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por reintegrar tardíamente 12 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, que no se gastaron durante 2022 y para los que faltó “el depósito de las cargas financieras correspondientes”. Igualmente, la ASF señaló que “el CIDE careció de una estrategia financiera” para que la institución pudiera invertir los recursos en beneficio del propio centro.

Este uso irregular de recursos públicos ha sucedido mientras existen denuncias públicas y ante el Órgano Interno de Control por limitar indebidamente el gasto para las actividades académicas y de divulgación del CIDE, así como por el impago de las prestaciones laborales de docentes e investigadores.

Es importante señalar que, hasta donde pudimos confirmar, la entonces directora de finanzas del Centro nunca participó en estos actos de corrupción, a pesar de lo mucho que se lo solicitaron. Por el contrario, ella instruyó múltiples veces el reintegro de lo gastado. No obstante, combatir las irregularidades de Romero le costó su puesto. La exdirectora de finanzas y la entonces titular de transparencia, dos mujeres fundamentales para la labor del CIDE, fueron despedidas en febrero de 2023, acusadas de ser “rebeldes”.

Destruir información pública: un intento fallido de esconder irregularidades

Como parte de nuestra investigación, solicitamos todos los correos y anexos de la entonces directora de finanzas y del mencionado Adolfo Fernández, entre otros funcionarios. Sin embargo, los directivos del CIDE hicieron todo lo posible por no entregar la información, al grado de no dar trámite a las solicitudes, eliminar documentos y luego culpar a terceros de sus actos.

Cuando pedimos los correos y anexos del área de finanzas a través de la PNT, el encargado de sistemas respondió que “los pondría a disposición para su consulta directa”, pues se trataba de un volumen de información que “sobrepasaba sus capacidades técnicas” para poder enviarlo. Nos indicó acudir a la Unidad de Transparencia para “la especificación de la consulta”, puso a disposición el correo institucional de José Antonio Trejo —el nuevo titular de transparencia nombrado por Romero Tellaeche— y su número de extensión telefónica. 

A pesar de que por ley nos debían mandar los correos por un medio electrónico, accedimos de buena fe a una consulta presencial. Nos comunicamos por correo y por teléfono con José Trejo. Acordamos las condiciones para revisar los correos en persona. Hicimos todo lo que nos pidió, pero nunca se materializó la reunión. No nos dejó ver los correos y no volvimos a recibir comunicación de su parte.

Inconformes, interpusimos un recurso de revisión ante el INAI para solicitar la entrega de toda la información pública. Durante la sustanciación del recurso, el Instituto les pidió recolectar la información general de los correos para que el personal de la institución pudiera revisarlos. Como no les quedó de otra, tuvieron que admitir que habían destruido los correos.

Resultó que, desde que hicimos la solicitud, el encargado de sistemas hizo un resguardo temporal de los correos del área de finanzas. Luego indicó a José Trejo y a Adolfo Fernández que tenían treinta días naturales para extraerlos, conservarlos y testarlos (poner los cuadros negros en la información personal), ya que los correos de una cuenta se eliminarían automáticamente 30 días después que un trabajador dejara la institución, tal como era el caso que se solicitaba. A sabiendas de que estaban siendo seriamente investigados, Trejo y Fernández optaron por no extraerlos del servidor para dejar que los correos con evidencia fueran eliminados. En presunta complicidad con el director de asuntos jurídicos del CIDE, hicieron todo lo posible para no dejarnos consultar la información.

Como  consecuencia, el recurso RRA 4911/23 —a cargo del comisionado del INAI Adrián Alcalá— ordenó al CIDE recuperar la mayor cantidad de correos que pudieran. Para los que se perdieron irreparablemente, se les solicitó declarar formalmente su inexistencia. También instruyó al Comité de Transparencia explicar lo sucedido. 

En vez de un deslinde de responsabilidades, el nuevo titular de transparencia optó por culpar al encargado de sistemas y, sin hacer nada por recuperar los correos, pidió al Comité de Transparencia declarar su inexistencia total a sabiendas de que todavía tenían algunos de ellos en su posesión, desacatando lo instruido por el INAI. No contaban con que hace unos días José Romero Tellaeche y su secretaria particular nos entregaron precisamente una parte de esos correos, supuestamente inexistentes, como parte de otra solicitud de información. Declararon inexistente información que sabían que tenían en su poder. 

Con respecto a los correos del ya despedido coordinador de administración, José Trejo se negó a atender la solicitud, a pesar de que el INAI le hizo varios requerimientos. Como parte del recurso RRA 10960/23 —a cargo de la comisionada Julieta del Río—, el Instituto de Transparencia resolvió ordenar al CIDE tramitar la solicitud y entregar todos los correos de esa cuenta institucional.

Por todo lo anterior, el pleno del INAI resolvió por unanimidad comenzar el proceso sancionador en contra de los directivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y enviar el expediente a la Secretaría de la Función Pública. Específicamente, por “actuar con negligencia durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información así como destruir la información que se encuentre bajo su custodia”. Se determinó que el Titular de Transparencia del CIDE había obstaculizado el acceso a la información, pues hubo una clara negativa a que sucediera la consulta de los correos.

Las multas por violaciones a la Ley de Transparencia pueden superar los 150 mil pesos, por acto y por funcionario, que deberán ser pagados del bolsillo de quienes resulten responsables. También podrían suceder otras sanciones por faltas administrativas, según lo que determine la Secretaría de la Función Pública.

Además, el pleno del INAI aprobó por unanimidad que el CIDE “limitó el derecho humano de acceso a la información sin que se recayera en alguno de los supuestos de excepción, interpretando las solicitudes de información de manera restrictiva y utilizando criterios de interpretación que no resultan aplicables”. De acuerdo con la resolución, el titular de transparencia exigió mayores requisitos a los establecidos en la ley, y fundamentó de manera indebida e incorrecta la negativa al trámite de las solicitudes. El Pleno del Instituto también determinó que las autoridades “dejaron de lado el mando constitucional de dar a la persona la protección más amplia” y violentaron el principio de máxima publicidad.

Al responder de manera indebida a las solicitudes, y al eliminar la información que tenían que resguardar, las autoridades del CIDE habrían actuado en contra de la Constitución, de la Ley General de Transparencia y de los lineamientos en la materia.

Estos hechos sucedieron al mismo tiempo que —también por órdenes del INAI—, el Comité de Transparencia del Conahcyt tuvo que declarar formalmente la inexistencia de “alguna expresión documental que dé cuenta de algún expediente que contenga presuntas redes de intereses creados alrededor del CIDE, del desvío de funciones y CPI [Centros Públicos de Investigación] neoliberales”, presentadas sin sustento por Elena Álvarez Buylla en mayo de este año.

La declaración del Comité de Transparencia de Conahcyt confirma que Álvarez-Buylla presentó una supuesta red de corrupción sin información que respaldara sus dichos contra miembros de la comunidad del CIDE y otras instituciones. Ante esta situación, fue presentada una denuncia ciudadana en su contra ante la Función Pública, solicitando su inhabilitación y destitución por abuso de funciones, difamación, violación a la Ley de Transparencia, vulneración de datos personales, violaciones al Código de Ética Federal y violaciones al Código de Conducta de Conacyt. También por haber actuado en contra de las instituciones estatales falsamente acusadas: SCJN, INAI, INE, UdeG, UNAM y el propio CIDE.

Por último, es importante señalar que todo este proceso de investigación, sanción, denuncia y combate a la corrupción ha sido posible gracias al acompañamiento que el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI nos ha brindado desde hace dos años, así como la disposición del personal del Órgano Interno de Control del CIDE para actuar conforme dicta la ley. 

Tal como los miembros de la comunidad del CIDE hemos dicho en otras ocasiones: no toleraremos ningún acto de corrupción por parte de las autoridades del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Seguiremos buscando que todas las actuaciones ilegales se sancionen y lucharemos hasta el final por defender el derecho al acceso a la información, a la ciencia y al conocimiento.

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