CARACAS. Edmundo González Urrutia descartó asilarse en alguna embajada en Venezuela luego que la justicia emitiera una orden de captura en su contra, mientras gobiernos de América y Europa, así como diversas organizaciones internacionales condenaron el hecho y pidieron a las autoridades garantizar y proteger los derechos del abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela.
Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el lunes de noche -minutos después de una solicitud de la fiscalía- la detención del diplomático de 75 años, que denuncia que la reelección del presidente Nicolás Maduro fue fraudulenta y sostiene que él arrasó en los comicios del 28 de julio.
Desde hace poco más de un mes en la clandestinidad, González Urrutia es solicitado por delitos que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
“Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial”, explicó su abogado José Vicente Haro a las afueras de la residencia de González en Caracas. La orden, a cargo de la policía judicial, no ha sido ejecutada.
“En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor González hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo”, dijo el jurista frente a periodistas, según vídeos que circulan en las redes sociales.
“Cómplice de la pandilla criminal que trató de incendiar el país”, reaccionó el canciller venezolano Yván Gil.
Estados Unidos, con quien Venezuela no tiene relaciones formales desde hace cinco años, sopesa “una serie de opciones” para demostrar a Maduro “que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias”, afirmó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
“Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza”, declaró ayer por su parte el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EU John Kirby.
Washington ya impuso en 2019 una batería de sanciones contra el país caribeño, que en los últimos años se han flexibilizado sobre todo en lo referente a explotación petrolera.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, rechazó “categóricamente” la medida contra González, al tiempo que un portavoz de Naciones Unidas dijo que el secretario general, Antonio Guterres, “sigue con preocupación” los hechos en Venezuela e insistió en su “llamado a la protección total y respeto de los derechos humanos”.
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay igualmente rechazaron “de manera inequívoca y absoluta” la orden de captura.
La disposición busca “silenciar a González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”, indicó el comunicado.
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El gobierno de Italia convocó a la jefa de misión de la Embajada de Venezuela en Roma para expresar su preocupación por la crisis e instó de nuevo a las autoridades venezolanas a hacer públicas las actas electorales”.
Por su parte, los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron su “profunda preocupación” por la orden de detención, y advirtieron que “dificulta encontrar una solución pacífica” a la crisis política del país.